Gondomar toma medidas para proteger a auxiliares del SAF

Gondomar ha sido uno de los primeros concellos en tomar las riendas para proteger a las empleadas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) para evitar situaciones de riesgo extremo que puedan terminar en tragedia, como la ocurrida esta semana con una trabajadora de O Porriño, asesinada presuntamente por el marido de la persona a la que cuidaba.

El alcalde de Gondomar, Paco Ferreira, y la concejala de Bienestar Social mantuvieron ayer una reunión de coordinación con la empresa Edades, encargada de la prestación del SAF, con una representante de las trabajadoras del sindicato UGT, y con el servicio municipal de mediación policial, con el objetivo de reforzar el protocolo de actuación ante situaciones de emergencia y analizar la situación individual de los 63 usuarios/as actuales del servicio.

Durante el encuentro se adoptó una nueva medida, orientada a garantizar la seguridad de las trabajadoras y la calidad del servicio prestado a las personas usuarias: ante cualquier denuncia realizada por una auxiliar del SAF, y tras la correspondiente valoración técnica por parte de la trabajadora social municipal y la coordinadora de la empresa, el servicio podrá ser suspendido de forma inmediata, priorizando siempre la integridad física y emocional de las trabajadoras, mismo si esto entra en contradicción con las directrices marcadas por la Xunta de Galicia.

Antes de proceder a la suspensión, se informará debidamente a los familiares de la persona usuaria, con el fin de que puedan adoptar las medidas cautelares necesarias o asumir la responsabilidad de la continuidad del servicio. Asimismo, se dará traslado formal de la situación a la Xunta de Galicia, como administración competente que, según el alcalde, “delegó injustificadamente la gestión del servicio en los ayuntamientos sin dotarlos de los medios necesarios”. Durante la reunión, el alcalde trasladó también una petición formal a la Xunta, reclamando que sean los técnicos municipales quienes determinen el número de horas y las condiciones del servicio en cada domicilio, al ser quien mejor conocen la realidad social de cada caso. Rechazó así los servicios predefinidos por la Consellería, por considerarlos, en muchos casos, ajenos a las necesidades reales de las familias del municipio, y reclamó también una mayor financiación autonómica para garantizar una atención de calidad. El protocolo reforzado integrará de manera formal al servicio municipal de mediación policial, que asumirá funciones de intervención y mediación ante posibles conflictos entre usuarios/as, familiares, empresa y personal técnico, especialmente en los casos que puedan suponer un riesgo para las trabajadoras. El alcalde además pidió a las trabajadoras que no duden en denunciar para “poder actuar cuanto antes”.